En estos días se ha verificado dos acontecimientos protagonizados por grupos de ciudadanos: la concesión del enjuiciamiento de Pinochet y la desestimación de una iniciativa Legislativa Popular que reclamaba la gratuidad de los libros de texto de la enseñanza obligatoria.

               En el primer caso, después de años de investigación, de acumulación de datos y testimonios y tras complejos meandros judiciales, a instancia de diversos colectivos ciudadanos, un juez de instrucción ha dado el salto cualitativo de poner una esperanza en lo que hasta ahora era el reino de la impunidad. En todo caso, sin embargo, o han sido protagonistas los gobiernos, vencedores de una u otra guerra, ni los que con parsimonia figuran en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si acaso, ahora y tras las acciones impulsadas por esos ciudadanos y jueces, puede que se acelere la puesta en marcha de un Tribunal Penal internacional que corrija parcialmente las infamias

               En el segundo caso, otros ciudadanos -600.600-, a instancias de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, intentaron que se equiparase la ley que declara la gratuidad de la enseñanza a su significado real: que desaparecieran costes en la aplicación práctica del principio constitucional, dando así mayor rango efectivo a la igualdad de oportunidades. En esta ocasión, al igual que ocurrió con otra iniciativa semejante, el Congreso de los Diputados no consideró procedente su discusión. En la anterior mencionada, se pedía el establecimiento de una ley de financiación que asegurarse la implantación y dotación de la Ley Orgánica de Educación que impulsó en su día la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.

               Es lamentable que uno de los resquicios que la Constitución admite como cauce de participación ciudadana, la iniciativa Legislativa Popular, sea despreciado por los legisladores. Se echa por tierra todo un trabajo de toma de conciencia de charlas, de organización de fedatarios que avalan las firmas presentadas. Eso sí, con la chicuelina, compromiso de papel de crear una comisión de estudio de la propuesta de gratuidad de los libros de texto.

               También es digna de destacar la escasísima información de seguimiento que tienen todas esas iniciativas populares en los medios de comunicación, tanto privados como de propiedad pública. Parecería que a las empresas periodísticas o a los distintos gobiernos de las instituciones -y en este caso a los responsables de los medios informativos públicos- les molestara que las personas y grupos organizados propongan cambios en la agenda política que casi siempre esta terminada por le Gobierno, la oposición legislativa o los medios mismos. La reivindicación de las iniciativas legislativas populares puede ser reflejo de cierta insensibilidad de los partidos a la hora de llevar al Parlamento vías de resolución de problemas. Pero es, también un cauce democrático para modificar posturas cerradas de los partidos de mayoría parlamentaria con reserva, presentes o pasadas, hacia la recepción de propuestas populares, y que a la vista de una reclamación garantizada por un número cuantioso de ciudadanos puede modificar su actitud previa y considerar su aprobación. Tanto en un caso como en el otro, los medios de comunicación deberían desempeñar un papel relevante y sensibilizador. Lo contrario ha sido lo ocurrido hasta hoy, cuando parece que existe en su conjunto un “desinterés muy interesado en que se ignoren las iniciativas que se propulsan y que permanezcan en el anonimato político los causantes partidarios de que ni siquiera se tramiten ordinariamente las propuestas legislativas; causalmente, los mismos que propagan lo de que España les va bien. ¿Por qué será?

               Pues bien, de nuevo diversos colectivos y sindicatos, personas organizadas en partidos políticos ciudadanos, al fin y al cabo, están promoviendo otra iniciativa legislativa popular.  Reclamamos un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que la jornada laboral sea de 35 horas, sin que eso suponga reducción salarial.

Iniciativa legislativa popular por las 35 horas semanales sin reducción salarial.

               Hay varios argumentos que justifican esta propuesta: la recuperación de parte del aumento de productividad; la evolución de las necesidades de producción y los debates sobre el tipo de producción y consumo; el aumento de la tasa de actividad, sobre todo con la incorporación de la mujer y, por qué no, también, las recientes aportaciones (en Italia y Francia) a una forma mas positiva de construcción europea, que apuntan a la reducción de jornada.

               La evolución dispar del crecimiento de la productividad y de los salarios, sin una reducción paralela de las horas trabajadas, explica cómo se ha repartido desigualmente la tarta de la renta nacional, reduciéndose la participación de los asalariados y demás clases incluidas en ella. Esta desigualdad en el reparto de la renta nacional primaria se ha visto complementada con correcciones limitadoras de la progresividad fiscal, en las diferentes reformas tributarias.

               La incorporación y difusión de los avances tecnológicos se traduce en menor necesidad de trabajo por unidad producida. Es cierto que siempre surgen nuevas necesidades de consumo o aspiraciones a realizarlo. Pero frente al ilimitado deseo de consumo debe estimularse la comprensión de la finitud de ciertos recursos, de la sobrexplotación que padecen y que afecta a la calidad ambiental y al cambio climático. En ello hay una defensa del poder público frente a sus liberticidas con el fin de practicar la igualdad de oportunidades, limitar los efectos perversos de las externalidades del mercado y mitigar la arbitrariedad censitaria de la capacidad económica.

               Hay que contar además con otro cambio social irrenunciable: la emancipación de la mujer. Su incorporación al marcado laboral es y deberá seguir siendo uno de los factores que incrementan por el lado de la oferta el número de trabajadores, hasta representar, por lo menos, lo que son en la sociedad: el 51 por ciento. Con el planteamiento de las 35 horas, se reduce la capacidad de fórmulas como los contratos a tiempo parcial, actualmente casi de forzosa aceptación ante las cifras de desempleo y que conllevan ingresos menores a los de una adecuada proporcionalidad. Todo esto acarrea como es ya un hecho en los albores del tercer milenio, cambios en nuestra autonomía personal y familiar.

Protagonismos y formas de convencer

La búsqueda de una mejora de las condiciones de trabajo es una constante en la historia. Todos somos herederos de ello, hasta quienes la rechazan y quieren mantener o fortalecer privilegios que sus hijos rechazarán como aristocráticos. Eso no quiere decir que la historia sea lineal ni fácil para sus protagonistas.

               El 1º de mayo no es festivo por casualidad, pero no tiene ese carácter en países como Estados Unidos o el Reino Unido. Los movimientos cívicos han tenido diversa capacidad de extender y profundizar el discurso que les dio carta de naturaleza. Hace más de cien años se reivindicaba en circunstancias más dramáticas la jornada de ocho horas diarias de lunes a sábado. Con el primer gobierno del PSOE, se modifico el Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la jornada de 40 horas semanales. Después y mediante negociación colectiva, se ha ido reduciendo la jornada media de trabajo varios minutos al año. A ello se llego por muchos caminos: días de libre disposición, aumento de días de vacaciones, etc. Más en unos sectores que en otros, más en un tipo de empresas con una determinada dimensión de afiliación sindical que en otras. Así, hasta la crisis económica de los noventa y regresividad de las normas laborales y sociales de los últimos años de los gobiernos socialistas, que han ocasionado un cambio de tendencia, aunque sea de carácter temporal, aumentando la jornada media. De ahí lo perentorio de reforzar a los sindicatos para que en horizonte de la negociación colectiva tengan en sus manos una norma legal que reequilibre su capacidad contractual.

               Pero hay más. En Francia y en Italia, existe ya ese horizonte legal de reducción de la jornada. En Alemania, los sindicatos renuevan su fortaleza con planteamientos reivindicativos que facilitan, a su vez, la homogeneización y mejora de las condiciones laborales de otros trabajadores europeos. Pero este barco de deseos y esperanzas puede quedar varado si en muchos países sus trabajadores no mantienen esa dinámica de reducción de la jornada y de mejora de su participación en los aumentos de productividad. La iniciativa Legislativa Popular es un medio para que nuestro país armonice su jornada laboral con otros países europeos, máxime cuando existe un problema mucho más agudo de paro estructural sostenido. La construcción europea no debe ser únicamente la de la moneda. Tiene que involucrar cada vez más los otros aspectos sociales y de cohesión social relegados tanto por los anteriores como por los actuales rectores de la política europea.

               Son, por lo tanto, varias y relevantes las razones que justifican la necesidad del establecimiento legal de las 35 horas: mejor reparto de la productividad. Deseo de facilitar el aumento de la tasa de actividad -especialmente de la mujer y los jóvenes- y una construcción europea mas armónica y social. Pero todo ellos no podrán ser sin que las ciudadanas y los ciudadanos participen.

               No es imposible. A pesar de que en nuestro país gobierne la derecha. En Francia, un grupo de ciudadanos parados se rebeló ante su falta de futuro. Pasaron de no estar en el mercado a ser catalizadores de un cambio social y político. Por supuesto que no se pueden repetir las cosas linealmente en cada sociedad. Y que el poder, incluyendo a los propietarios de medios de comunicación -recordemos lo dicho respecto a la escasa fortuna de las iniciativas cívicas y populares-, no va a dar nada gratis y sin esfuerzo- Pero esa es otra historia. De momento, la iniciativa Legislativa Popular se propone, para extender, popularizar y forzar a los legisladores, poner en letra lo que es una manifestación. Pero no hagamos el cuento de la lechera: primero debemos lograr las adhesiones y aumentar nuestros apoyos en todas partes, incluyendo a aquellas personas que, defendiendo la reducción de la jornada laboral, manifiestan tener otras prioridades.

Hay que contar con otro cambio social irrenunciable: la emancipación de la mujer. Su incorporación al mercado laborar es y deberá seguir siendo uno de los factores que incrementan por el lado de la oferta el número de trabajadores, hasta representar, por lo menos, lo que son en la sociedad: el 51 por ciento. Con el planteamiento de las 35 horas, se reduce la capacidad de fórmulas como los contratos a tiempo parcial, actualmente casi de forzosa aceptación ante las cifras de desempleo y que conllevan ingresos menores a los de una adecuada proporcionalidad

Texto: Santiago González Vallejo/Susana Lopez