¿Becarios-investigadores o trabajadores que investigan?

Santiago González Vallejo

Economista. Ligado a diferentes asociaciones y plataformas. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ha trabajado en USO en acción sindical y en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. Cree que un problema democrático es la falta de redistribución económica.

1 abril 2004

20.000 trabajadores sin derechos en España

La dimisión administrativa de 2.000 investigadores en Francia a primeros de marzo por la reducción de los fondos estatales dedicados a la investigación, puso en jaque al Gobierno de Jean-Pierre Raffarin. En España la situación no es mejor. La Administración, de forma inercial, ha respondido a esa pregunta diciendo que dado que ‘estudian’, cuestión que ella identifica con investigar, son estudiantes y, por lo tanto, la renta que se les obsequia no es un sueldo y, más a más, que diría el antiguo y desconocido Ministro de Ciencia y Tecnología, Sr. Piqué, no tendrían derecho a los demás ingredientes de la relación laboral, asistencia sanitaria, devengos de prestaciones por desempleo, jubilación, vacaciones, cobertura por baja de enfermedad o accidente, representación sindical, etc y sólo tendrían la dependencia con un Jefe. Otras personas, por el contrario, no aceptando que la heroicidad de Ramón y Cajal deba ser el único precedente de cómo desarrollar una política científica en nuestro país, apuestan por un tratamiento de crear sostenidamente equipos de investigación.

Si se opta por la decisión administrativa, fomentamos la precariedad y el abandono sistemático de vocaciones científicas, además de alambicar un difícil engarce jurídico por no normalizar una relación de dependencia y remuneración, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores y que, curiosamente, sí se realiza con otros colectivos de características similares como puedan ser los Médicos Internos Residentes o los profesores que, contemporáneamente a su magisterio, están realizando las tareas para lograr el título de doctor.

Porque estamos hablando en todo caso de licenciados universitarios, titulados para ejercer su profesión, con lo que la ‘beca’ no supone una acción de fomento de igualdad de oportunidades, como podrían ser consideradas, para poder lograr el acceso a los estudios universitarios o la licenciatura. Ahora, sí es un eufemismo de salario, sin que existan las otras contrapartidas económicas y sociales inherentes a él.

Ante el sin sentido de que los organismos públicos exigieran dedicación exclusiva a los becarios investigadores y, en muchos casos, realizasen la contratación de seguros privados (con dineros públicos) de enfermedad, etc, el Gobierno del PP realizó una pirueta circense. Crea un denominado Estatuto del Becario para, por un lado, posibilitar la voluntariedad de que algunos investigadores a partir del tercer año y con una base de cotización, independientemente de la remuneración de la ‘beca’, igual al salario mínimo interprofesional, tengan acceso a la Seguridad Social y a los devengos de jubilación pero no así a los de desempleo. Pero, por otro, mantiene su filosofía de no reconocer la condición laboral del investigador.

Según el Instituto Nacional de Estadística hay 20000 investigadores calificados de becarios. El Estatuto recientemente aprobado, parcial y limitadamente, podría hacer que accediesen a la Seguridad Social sólo una cuarta parte. Esto ha supuesto una gran decepción de los jóvenes investigadores que han visto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología un organismo refractario a la ciencia y a las personas que la hacen posible. La decisión gubernamental de no reconocer la relación laboral de los investigadores provoca otro efecto maléfico, como es reconocer la incentivación en las malas prácticas del sector privado. Es sintomático que la falta de responsabilidad social del sector privado aumenta en tanto que el sector público no da buen ejemplo. Así, la CEOE, por boca de sus representantes en el Consejo Económico y Social, estaba en contra, incluso, de que los investigadores tuvieran Seguridad Social y por la cotización del SMI. La Fundación Cotec, que trabaja por el desarrollo de la investigación en el sector privado, en su último informe desprecia la situación contractual de los trabajadores que la hacen posible.

Con estos mimbres, se nos antoja que la política científica carece de sostenibilidad, acepta la fuga de cerebros, no busca mantener y recuperar a los científicos previamente formados en la universidad. Las pruebas serían ese cicatero Estatuto, la escasa inversión presupuestaria y su derroche en apartados no relacionados con la investigación civil, las distorsionantes partidas efectistas dedicadas a viajes espaciales o a la inauguración de grandes edificios cuando al mismo tiempo se niegan los mínimos derechos laborales y sociales a los investigadores y se juegan la beca si ellas se quedan embarazadas en plena campaña de conciliación de la vida laboral y familiar.

Pero ahora, con las transferencias recibidas y siendo las Comunidades Autónomas rectoras de Universidades y centros de investigación, bueno sería que las diferentes Administraciones presupuesten adecuadamente una política científica y eviten la planificación de la precariedad hacia nuestros científicos, cumplimentando con ellos, desde el inicio, unas relaciones contractuales modernas en sus contratos laborales.

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=96

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