Estos días se discute el techo de gasto presupuestario. Lo máximo a presupuestar que debería coincidir con la cantidad a liquidar en su día. Es la clave de la bóveda presupuestaria, construida con la diferencia de gastos e ingresos, superávit o déficit. Si se aprueba el borrador, se discutirá su distribución sectorial, territorial, sus contrapartidas e ingresos públicos.

Ese debate económico-político es relevante porque fijar el techo de gasto y el índice máximo de déficit público traza unos ejes que determinan los gastos públicos. El debate se tiene en un contexto de crecimiento económico del 3%, aumento de desigualdad y más población en riesgo de pobreza junto con carencias no resueltas que la crisis ha agrandado. Por ejemplo, listas de espera quirúrgica o de atención a dependientes, parados de larga duración y cientos de miles de hogares donde todos sus miembros están en paro, sea cual sea su edad. Más el déficit de la Seguridad Social, inversiones necesarias no aprobadas, falta de I+D para el futuro desarrollo…

Así los hechos, la apuesta muy conservadora del PP que apoya Ciudadanos fija el techo de gasto en el porcentaje propuesto por el ministro Montoro. Aumentar nominalmente ese techo solo un escaso 1.3 % más que lo presupuestado para 2017 (cuando la economía crece al 3 %) significa que el gasto público se reduce. Si la inflación es positiva, más se reducirá el porcentaje de gasto respecto al PIB, más cuanto mayor sea y con inflación superior al 1.3 %, habría una disminución directa del gasto. Más todas las carencias conocidas y la debilidad de nuestro sistema de bienestar, debilidad resumida en que España tiene un gasto de cuatro puntos menos que la media europea respecto al PIB. España tiene un gasto social per cápita 40 % menos que cualquier país de la eurozona, según calcula el economista Moisés Martín: un techo de gasto de 62.000 millones de euros menos respecto al de 2010. Una poda radical de servicios y derechos por obra y gracia de las políticas conservadoras en la crisis; servicios y derechos que no se restablecen ni hay intención de hacerlo, aunque por otro lado se venda con triunfalismo que hemos superado la crisis.

Para camuflar esa política de recortes sociales se dice que se reducirá el IRPF a las rentas menores de 14.000 euros, pero aún siendo propuesta que favorece a los mileuristas, habría que ver otras medidas para mejorar la renta disponible de otros colectivos con menos rentas o incluso muchas menos rentas. Con otras fórmulas como reducción de tipos de IVA en productos de consumo popular, transporte público, agua, electricidad doméstico… Otras posibilidades son disponer de más ingresos que los previstos ahora para la caja de la Seguridad Social, más atención a dependientes, protección social, guarderías…

Consecuencia implícita del techo de gasto presupuestado es el compromiso de la Unión Europea de reducir el déficit de las administraciones públicas (gobierno central, ejecutivos autonómicos y gobiernos municipales más la Seguridad Social). El gobierno del Partido Popular pretende que en 2018 el déficit máximo será un 2.2 % del PIB.

Con techo de gasto, sabemos el déficit máximo y el aumento necesario de recaudación, que ha ser mayor que la suma de gastos. Lo que ha de ser posible en una fase de ciclo expansivo. Pero topamos con la intención de no subir impuestos del PP y Ciudadanos. Porque confían todo a la inercia del aumento de recaudación de impuestos por el crecimiento económico, una lucha eficaz contra el fraude que sin embargo está lastrado por los recursos insuficientes de la Agencia Tributaria, un plan contra el fraude muy mejorable y superar la limitada capacidad para frenar la elusión fiscal.

España tiene un gasto social per cápita 40 % menos que cualquier país de la eurozona

Si, como proponen PP y Ciudadanos, se reduce la factura fiscal de las personas con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales, deberán aumentar los ingresos de otras partidas. En el IRPF se puede facilitar más equidad y progresividad, eliminar o reducir la diferencia de impuestos sobre las rentas de trabajo y del capital, suprimir deducciones por planes de pensiones y mejorar la recaudación del impuesto de sociedades, habida cuenta de su caída en los últimos ejercicios. Además de considerar que no se ve cercano un Impuesto sobre Transacciones Financieras y que las presiones del sector de bebidas carbonatadas ha frenado un posible impuesto sobre su contenido de azúcar. Pero también se puede reducir el déficit, sin alcanzar el techo de gasto, dejando partidas sin liquidar o vendiendo bienes públicos.

Lo expuesto mueve a rechazar un techo de gasto que reduce el poder cubrir necesidades. Los ingresos fiscales han de aumentar un poco más con la prioridad de mejorar la lucha contra el fraude y la elusión fiscales, proporcionando más recursos a la Agencia Tributaria de Administración Tributaria, además de cambiar su actual orientación que dedica más medios humanos a perseguir presuntas irregularidades de rentas bajas y medias que a investigar el fraude sabido de grandes empresas y fortunas, además de ajustar deducciones y exenciones que se han establecido por la presión de grupos empresariales. También se podría intentar aumentar los ingresos estableciendo un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, como han hecho ya Francia e Italia, que disuada a los especuladores, además de eliminar los paraísos fiscales locales, como la exención del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid.