Cómo se pagará la factura de la crisis, cuestión de clase y respuesta democrática

Santiago González Vallejo

Economista. Ligado a diferentes asociaciones y plataformas. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ha trabajado en USO en acción sindical y en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. Cree que un problema democrático es la falta de redistribución económica.

9 julio 2020

La pandemia del COVID-19 está originando una crisis humana, social y económica. En este último plano, si bien las medidas tomadas por el gobierno tienden a minimizar la crisis, manteniendo rentas, mejorando la liquidez de las empresas y trazando planes de inversión y mejora de demanda, y en el lado europeo se está discutiendo –y llevamos meses sin que se implementen medidas- fondos, créditos y subvenciones, para dar respuesta en el corto plazo, no cabe duda que el déficit y deuda pública se va a incrementar de forma relevante.

Aún, suponiendo que una parte del dinero venga de fondos europeos vía transferencia, no olvidemos que todos los países europeos contribuyen al presupuesto de la UE en función del PIB, porcentaje de recaudación de IVA, etc., por lo cual la transferencia neta llegada desde Bruselas es menor a las cifras que estamos escuchando en cada reunión del Consejo y de las propuestas de la Comisión Europea. Es cierto que, con referencia a la crisis de 2008, hay una predisposición a suspender los criterios de déficit y deuda, que hay una promesa de transferencia (sin devolución) y créditos baratos que restarán tensiones en el tipo de interés y en el coste del incremento de pago de intereses.

Pero, aunque haya un periodo de carencia a los créditos y tipos de interés mancomunados europeos, habrá que devolver la antigua y nueva deuda.

Y aquí entran los parámetros discutidos en la comisión de reconstrucción y las posturas de clase de expertos y partidos.

El asunto fiscal es central a la ideología. La economía es una respuesta ‘técnica’ a las posiciones de clase. En 1977-79, en un periodo de conquista e implementación de libertades, la Constitución (y los Pactos de la Moncloa) dibujaron un perfil de sistema fiscal más progresivo que el actual. ¿Alguien se acuerda que el tipo máximo de IRPF era del 66,5%.? Ese tipo no lo soportaba ningún trabajador. Tampoco existía la dualidad de tipos en el IRPF según la procedencia de las rentas fueran de trabajo (más altos y progresivos) que los del capital o ahorro (menos de la mitad que los del trabajo); todas las personas de cualquier autonomía con una riqueza superior sufragaban el impuesto sobre el patrimonio y las deducciones por plan de pensiones no eran uno de los agujeros como lo son ahora.

En definitiva, las respuestas que tenemos que dar contemporáneamente a la recuperación económica son cuánto, de dónde van a venir los impuestos y qué gastos e inversiones podemos dedicar.

Hay unos parámetros que nos pueden servir. La línea de gasto e inversión no puede diverger en el medio y largo plazo del crecimiento (productividad) de la economía; que actualmente –antes de la pandemia-, nuestros ingresos eran inferiores a los gastos, en dos puntos de PIB; y que, de media, suponían menos de 6 puntos del PIB con respecto a la media de los países de la zona euro. A esto, le unimos que nuestra progresividad fiscal se ha visto reducida en estas décadas, desde el socialliberalismo de los Sochagas boys.

Sobre el asunto de la eficiencia del gasto público, su idoneidad, de momento, hay organismos que están dando respuestas, aunque sean limitadas, Tribunal de Cuentas, AiReF, etc. De ahí, que, desde diferentes entidades, reunidas en la Plataforma Justicia Fiscal, se ha hecho una propuesta de mejora de la suficiencia, equidad y progresividad fiscal.

La lucha contra el fraude fiscal es fundamental. El reconocimiento de que la ciudadanía está ligada a pagar impuestos debe ser el ABC democrático. Entendemos la necesidad de mejora de efectivos humanos y materiales a la Agencia Tributaria y también un cambio en el peso de las inspecciones allí donde se concentra la renta y riqueza.

La segunda cuestión es de índole internacional. La fiscalidad es una parte de la globalización. No tiene sentido que el gobierno holandés o los nórdicos escatimen políticas de transferencias de gasto europeas y alberguen paraísos fiscales que agrietan los sistemas fiscales nacionales. La lucha contra la elusión fiscal, la imposición a las plataformas digitales, aunque Trump amenace, y el impuesto anti especulativo, de las Transferencias Financieras, sería un segundo escalón.

La mejora de la progresividad en el IRPF, ya hemos dado pistas, complementándolo con el Impuesto generalizado sobre el Patrimonio, incluyendo nuevos tramos y tipos no debería asustar al patriotismo español, vasco, catalán o de la calle Núñez de Balboa.

Finalmente, frente a la propuesta de expertos de la Comisión Europea, OCDE o Banco de España de elevar los tipos del IVA o generalizar el tipo del 21% a más productos, no vemos su prioridad. En cambio, es necesario corregir ciertas deducciones en el impuesto de sociedades o dosificar, viendo compensaciones temporales a ciertos sectores, el peso de impuestos sobre el queroseno y otros impuestos verdes.

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