Desmontando las coartadas de CAF

26 de Junio 2023

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe presentó una queja ante el Punto Nacional de Contacto español por la actuación de CAF (y su socio israelí Shapir, al PNC de Israel) al haber ganado un concurso de las autoridades de ocupación israelí para gestionar, ampliar y construir líneas de tranvía entre territorio internacionalmente considerado israelí y los asentamientos cercanos en Territorio Ocupado Palestino.

La queja contra CAF se presentó el 20 de diciembre de 2019, tras infructuosos intentos de diálogo, al Punto Nacional de Contacto (PNC), un organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, encargado de servir de árbitro ante quejas de particulares o asociaciones por supuestas malas prácticas de las multinacionales. La metodología que sigue el PNC corresponde a las Líneas Directrices de la Multinacionales, un conjunto de normas de carácter voluntario por parte de las empresas, diseñado por la OCDE.

En mayo de 2022, el PNC, con considerable retraso, constató que no había posibilidad de arbitraje, dado que la empresa CAF no renunciaba al proyecto, tal como reclamaba el CSCA, al considerar que CAF no respetaba el Derecho internacional, no había consultado a la población palestina afectada ni a sus representantes, tiene como socio, proveedores y clientes a empresas que están en la Base de Datos de las Naciones Unidas como participantes activos en la ocupación, colonización y discriminación de los palestinos, y proporciona  información falsa al comunicar que el proyecto se llevaba a cabo en la ‘ciudad israelí de Jerusalén». El PNC hizo a CAF tres recomendaciones: supervisar los mecanismos que tiene sobre diligencia debida, modificar su política informativa y contratar a un consultor independiente para que realizara un Informe de Impacto Social sobre el proyecto. Daba un año para su cumplimiento.

CAF ha seguido, desde la fecha de la obtención del proyecto, desarrollando su actividad en el Territorio Ocupado Palestino. Gestionando y ampliando la Línea Roja ya existente, trasladando vehículos nuevos desde sus plantas industriales y desarrollando toda la infraestructura, señalización, mantenimiento en instalaciones en Territorio Ocupado Palestino (TOP) para las líneas Roja y la nueva Verde en construcción. Tanto la Línea Roja, como la Verde tienen tramos en Territorio Ocupado, planificado unilateralmente por las autoridades de ocupación israelí, con expropiaciones y expulsiones de palestinos. Además, junto a su socio Shapir, ha licitado para la gestión, construcción y equipamiento de una nueva Línea Azul que, entre otros trayectos planificados, iría desde Jerusalén al asentamiento de Gilo, con las consiguientes expropiaciones y expulsiones de población palestina. 

Sobre la diligencia debida y la realización de análisis de riesgo: CAF carece de credibilidad.

CAF ha rechazado que incumpla ninguna norma a pesar de la evidencia. Su última voltereta es la comunicación al Punto Nacional de Contacto de que ha cumplimentado las tres recomendaciones. Lo hace en su publicación junto al Balance, del Informe de Sostenibilidad y extractando interesadamente el Informe de Impacto Social encargado a un tercero, como lo había recomendado el PNC.

En la contestación a la primera recomendación afirma que ha revisado sus mecanismos de diligencia debida, de riesgo sobre la conducta de sus socios, proveedores y clientes (¿también de las autoridades de ocupación israelí?) y que incluso dispone de una herramienta para comprobar «la inclusión en listas de sanciones internacionales de los terceros con los que CAF se relaciona en calidad de socios de negocios, agentes y proveedores» (página 49 de su Informe de Sostenibilidad) o «que se han llevado a cabo labores de evaluación de los riesgos derivados de las sanciones internacionales impuestas a Rusia y a ciertos territorios ocupados como consecuencia del conflicto en Ucrania, habiéndose impartido las correspondientes instrucciones para no incurrir en potenciales infracciones» (página 102 del Informe de Sostenibilidad). ¿Una justificación de que CAF aplica también doble rasero y evalúa que la falta de sanciones por su actuación ilegal en Territorio Palestino la hace legítima? (párrafo 19, Informe de Impacto Social).

No suministra información veraz: continúa falseando la realidad

La segunda recomendación hace referencia a la veracidad de la información suministrada por CAF que, en sus comunicaciones, declara que el proyecto ganado se encuentra en la «ciudad israelí de Jerusalén«. Está clara su falsedad mirando cada uno de los trazados de las líneas de tranvía que sobrepasan los límites geográficos israelíes para adentrarse en Territorio Palestino ocupado. También los depósitos existentes y previstos se encuentran en Territorio Palestino.

CAF, con su actuación a las órdenes israelíes, asume la anexión de jure de Jerusalén Este y más territorio, tras la conquista militar y ley israelí de 1967 sobre unificación de la ciudad y  ampliación de su término municipal, como la ley de 1980 de capitalidad, como la anexión de facto (con los asentamientos). CAF no ha modificado su terminología y en cinco ocasiones en su Informe de Sostenibilidad vuelve a afirmar que el proyecto se lleva a cabo en Jerusalén. De hecho, en la Junta de Accionistas, el Sr. Arizkorreta volvió a repetirlo oralmente y no quiso rectificar. La mentira o la ocultación, aunque se repitan, siguen siendo mentira y falsedad.

No basta con decir que han elaborado un Manual de Diligencia debida para la contratación de terceros, cuando mediante cualquier buscador puede verificarse que las empresas asociadas, Shapir, y después sus proveedores, como el Banco Hapoalim y First International Bank, o su cliente de autobuses Solaris, Egged, actuaban, antes y después de la obtención de este proyecto, activamente en la ocupación, colonización y discriminación israelí.

Informe de Impacto Social de la empresa Negocio Responsable

Por último, ha encargado y pagado un informe a la empresa Negocio Responsable sobre el impacto social del proyecto. Su consultor no ha contrastado la documentación proporcionada por CAF con otros interlocutores, sea el CSCA o representantes palestinos afectados, ni ha buscado interlocución que no sea con CAF. Aunque CAF nos ha negado su acceso, haciéndolo constar al PNC español o como accionistas, simpatizantes de Julian Assange nos han proporcionado el Informe mencionado.

Ese documento exculpatorio de CAF se basa en varios engaños:

-No quiere entrar en el significado de ‘ocupación’ y, por lo tanto, tampoco en el hecho de que los ocupados y sus representantes carecen de poder para establecer sus preferencias y es el ‘ocupante’ el que, por la fuerza, establece el trazado de las líneas hacia los asentamientos, prohibidos por el Derecho internacional, con las consiguientes expropiaciones y expulsiones de sus habitantes originarios (párrafo 39).

Ese elemento queda excluido de su análisis. Como lo está, asimismo, la falsedad de CAF cuando en su propio Informe de Sostenibilidad afirma que la empresa se compromete con los derechos de la población originaria o indígena en todas partes, evitando que haya limitaciones indebidas a la circulación de personas, en aspectos de contratación, y aplicando la prevención de la discriminación de minorías y pueblos indígenas (Página 102, Informe Sostenibilidad).

La realización de un proyecto al servicio de la potencia ocupante resulta intrínsecamente contradictorio con la sostenibilidad y la no discriminación. El informe del experto reconoce que la agenda de trabajo en el terreno fue propuesta por CAF. Selecciona y valora arbitrariamente las normas del Derecho internacional. No visita Territorio Ocupado palestino, excepto Jerusalén Oriental en su investigación. Su análisis parte de que las empresas responden a “la jurisdicción interna de los Estados en los que mantengan alguna actividad económica” (párrafo 18, Informe Impacto Social). Pero el territorio palestino sufre actividades económicas forzadas por la potencia ocupante. ¿Y es a esta Autoridad de Ocupación la única ante la que debe responder CAF, aunque no tenga legitimidad para hacerlo? Para CAF y el consultor, la respuesta es afirmativa, aunque sea ilegal. Nuevamente, el consultor muestra sus carencias e incomprensión de las consecuencias de que CAF responde sólo ante el Estado ocupante, obedeciendo las órdenes de quién le paga, y no al interés de la población ocupada que no quiere que el ocupante les expropie y expulse y, a cambio, traslade su población a la zona ocupada. CAF en su proyecto y gestión no es neutral, está al servicio de la potencia ocupante (lo que contradice la opinión del consultor, párrafo 19).

El siguiente elemento, carente de veracidad, es que el consultor (párrafo 22 y siguientes), señala que los asentamientos son previos a la construcción de la infraestructura. No dice nada de los nuevos asentamientos y el crecimiento de los antiguos, ya previstos, gracias a esta infraestructura. Y no reflexiona sobre la determinación del ocupante israelí de que por todos los medios se va a garantizar una mayoría judía sobre el resto de la población.  Tampoco, del significado de la ampliación de líneas de tren para circunvalar con asentamientos todo el perímetro palestino de Jerusalén, una consecuencia de la ocupación militar israelí. El informe afirma que las promociones inmobiliarias son problemáticas (párrafo 29), ¡pero no el tranvía que las promueve y facilita! El sinsentido es mayúsculo. El consultor, como CAF, prescinde en su análisis a quién sirve la política urbanística y de viviendas de la potencia ocupante, nada inocente o neutral (párrafo 50.4), dónde se dan permisos de construcción alegremente, y en dónde se ven restringidos (párrafo 47), o donde se derriban construcciones ‘ilegales’, o donde se expropian viviendas palestinas para una declarada política de judeización de la ciudad de Jerusalén. No se puede alegar ‘obediencia debida’ a la potencia ocupante, ni a un lucro criminal.

El párrafo 27, lo cual resulta curioso en un Informe independiente, afirma que, para CAF, al elegir como socio del proyecto a la empresa israelí Shapir, antes de su inclusión en la Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas delincuentes, “no existía …ninguna señal de alarma”. Se supone que esa alarma tenía que haber funcionado si, como dice el consultor, CAF tiene una buena diligencia debida y un plan de riesgos. Pero no debió funcionar, por lo que se ve. En el caso de Shapir, efectivamente su nombre ha sido inscrito en la Base de Datos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de asociarse. Pero, insistimos, mediante cualquier buscador de internet podía confirmarse ya que Shapir tiene canteras, construye casas para los colonos y participa en la construcción de infraestructuras para los asentamientos y el ejército de ocupación. Luego, ¿qué diligencia debida llevaron a cabo para tenerle como socio? Pero el pastel descubierto ya se conocía. CAF, y su asesor inicial, catedrático de Derecho marítimo, así como el presidente de CAF, el señor Arizkorreta, aseguraban en noviembre de 2019 a interlocutores palestinos, que ya les señalaban la ilegalidad de su proyecto, que nunca se iba a publicar la Base de Datos, y con esa hipótesis jugaban a espaldas de inversores. Ahora, se encuentran con que, formalmente, 31 organizaciones de derechos humanos y solidarias han pedido la inclusión de CAF en esa Base de Datos. Aún más, la contratación de proveedores y de un cliente como Egged, se llevaron a cabo con la Base de Datos ya publicada, mientras ¡CAF y el consultor independiente afirman que cumple la diligencia debida y el análisis de riesgos! Y con las normas de diligencia debida que se provee, ¡CAF está licitando una nueva Línea Azul de conexión con los asentamientos ilegales israelíes! Para el Consejo de Administración de CAF y el consultor contratado, que CAF sea agente activo y necesario, junto con socios, proveedores y clientes en la ocupación, colonización y discriminación de los palestinos ¡no supone ninguna ilegalidad y la diligencia debida de CAF es eficiente!

Hay más elementos del Informe de Impacto Social contratado por CAF. Así, se obvia, la política de recursos hídricos asimétricos impuesta por las autoridades israelíes, o la obtención de áridos para las obras de canteras en Territorio Ocupado Palestino, como las que tiene Shapir.

En el párrafo 35 hay un reconocimiento implícito de la ocupación y del modo en que CAF se subordina a ella, cuando señala que la proporción de trabajadores palestinos, no israelíes, residentes en Jerusalén, (extranjeros según la legislación israelí, aunque hayan nacido en esa Jerusalén conquistada) “guarda una proporción razonablemente similar a los principales grupos poblacionales presentes en la ciudad donde opera, dentro del margen de la libertad para contratar los perfiles técnicos más adecuados”, obviando que cualquier israelí, aunque pertenezca a un asentamiento puede ser candidato para CAF Israel, mientras que, en el caso de los palestinos, se restringe a aquellos que provengan de la ciudad de Jerusalén, aunque sean extranjeros para las autoridades de ocupación y sufran la imposibilidad de ejercer determinadas profesiones en Jerusalén, por órdenes del ocupante, o postularse para puestos de dirección.

Siguiendo el hilo de ese Informe de Impacto Social, es demostrable que la ocupación israelí sobre la población palestina deteriora cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la pobreza a la alianza para lograr los objetivos de desarrollo. Y por supuesto, el logro de una paz justa.

En definitiva, el tren del apartheid de CAF incide en el agravamiento de la ocupación, la colonización y la discriminación de los palestinos. Aunque un consultor contratado para un informe que ni les sirve de coartada, el Consejo de Administración y CAF quieran ocultarlo.

Y la batalla contra CAF seguirá extendiéndose.