En este país, con la democracia, se hizo una reforma fiscal que tenía como misión la del cumplimiento constitucional de los principios de universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica.

De ahí, la existencia del Impuesto sobre el Patrimonio que intenta que tenedores de activos económicos contribuyan a la Hacienda común y a satisfacer la provisión de bienes y servicios públicos. Siempre ha tenido unos elementos de exenciones y deducciones que limitaban su recaudación a unos 2.000 millones de euros anuales pero coadyudaban a los servicios inspectores de Hacienda frente a los defraudadores y corruptos.

Su cuestionamiento viene, sin duda, de aquellas personas y de sus círculos de influencia que detentan propiedades por encima de la media. No es redundante con el Impuesto sobre la Renta que afecta a los flujos económicos y menos en el retorcimiento que ha sufrido este impuesto al separar el origen de las rentas para tener diferente gravamen, siendo perjudicadas las rentas procedentes del trabajo frente a las que tienen su origen en las obtenidas por el ahorro o capital. En este país hemos legalizado los paraísos fiscales a través de los instrumentos financieros llamados SICAV, accesibles a las grandes fortunas de capital.

En esas estábamos cuando en el comienzo de la crisis económica, y sin haber modificado las estructuras productivas en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, el entonces estimado Ministro Solbes y otros como Miguel Sebastián o Tomás Gómez empujaron por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.

Como era un Impuesto de los llamados cedidos a las Comunidades Autónomas, lo recaudaba la Agencia Tributaria y su importe se cedía a cada una de las Comunidades Autónomas, el Gobierno eliminó el gravamen del tributo estableciendo una bonificación general del 100 por cien, y se comprometió a compensar a las CCAA con esos 2.000 millones que dejaban de recaudar.

Que conste que ya había empezado una guerra a la baja, con aumento de deducciones entre ellas, una competitividad fiscal fratricida, para intentar atraer a supuestos contribuyentes, que sólo tiene sentido si el resto mantuviera sus tipos, pero que al reducirlos competitivamente en ese juego de atraer potenciales contribuyentes, la suma total, se reducía.

El Estado ha estado compensando a las CCAA con 2.097 millones (Madrid, 632, Cataluña, 537,..) durante los ejercicios 2009 al 2011.

Una vez caído del caballo, la sucesora de Solbes, Elena Salgado ya en los estertores del segundo Gobierno de Zapatero, volvió a reintroducir el impuesto.  Pero el mecanismo introducido fue quitar la bonificación del 100 por cien, dejando a las CCAA que legislasen sobre el mantenimiento o variación de las condiciones tributarias que tenían en dicho impuesto, pero aquí está lo grave, dejando vigente las compensaciones por la supresión del gravamen con independencia de si las Comunidades Autónomas han decidido recaudar el tributo.

Así, en el año 2012 la compensación ha sido de 1.925 millones (dado que se actualizaba por la variación de la recaudación en el Estado de los tributos cedidos) y en el año 2013, está previsto que sean 2.538 millones.

Con este sinsentido, el Estado paga unas compensaciones con el resto de los impuestos, y restando su capacidad de provisión de bienes y servicios públicos, facilitando la financiación de las Comunidades Autónomas con unos ingresos que pueden recaudar si así lo legislan, Si legislan, cobran dos veces. Si no lo hacen, como Madrid, también cobrarían y encima sus rectores pueden decir como los de Madrid que tienen solvencia financiera a pesar de que se reducen prestaciones escolares y privatizan servicios públicos, marginan a las personas dependientes y otros atropellos.

Pero aún más, ese comportamiento de la Comunidad de Madrid de no grabar con el Impuesto sobre el Patrimonio determina una deslocalización tributaria que sin duda alguna afecta y afectará a la recaudación global de dicho impuesto, con el reinicio de la competitividad fiscal a la baja y la pérdida de progresividad del sistema.

La solución a corto plazo está clara, eliminar la compensación del Estado a las Comunidades Autónomas y hacer más transparente las transferencias del Estado a las mismas; los ciudadanos madrileños presionar a su Gobierno autonómico por la implantación de dicho impuesto dado que hay una relación directa entre falta de recaudación y reducción de prestaciones sociales a costa de beneficiar  a ese 1 % de la población que todos los estudios sobre desigualdad de la renta denuncian, y al que sirve el actual Gobierno madrileño y por extensión, el nacional de Rajoy.