El PSOE quita la jurisdicción universal de las leyes españolas

Santiago González Vallejo

Economista. Ligado a diferentes asociaciones y plataformas. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ha trabajado en USO en acción sindical y en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. Cree que un problema democrático es la falta de redistribución económica.

4 julio 2009

Un paso atrás en la implantación de la justicia y a favor de la impunidad

Las razones (..)han sido desde nuestro punto de vista dos: una, la contradictoria posición legal española de poder investigar y castigar graves crímenes realizados en el exterior y al mismo tiempo, ser el sistema -las magistraturas y las leyes españolas- refractario a la apertura de posibles causas con motivo de las matanzas habidas tras la ruptura de la legalidad republicana con el General Franco; dos, el que se pudieran afectar intereses políticos económicos con los países a las que iban dirigidas las diferentes causas abiertas en la Audiencia Nacional

Se veía venir y en este caso ha habido muchos padres de la criatura. Por motivos convergentes se aliaron las fuerzas conservadoras, empezando por el PSOE y el PP, pero también los nacionalistas de CiU y PNV para cargarse, de facto, la posibilidad que tenían muchas víctimas para recurrir a la justicia española, invocando la jurisdicción universal para la persecución de graves crímenes contra la humanidad.

En estas últimas fechas, tras la aprobación colegiada de una Resolución en el Debate del Estado de la Nación, el pasado 19 de mayo, ha habido indignación, sentimientos de ser traicionados por unos legisladores que han logrado que nuestro país pasase de ser considerado como pionero en la posibilidad de que las víctimas pudieran reclamar justicia, a uno más que cede por razones de estado, rompiendo una tradición ejemplar. Desde el famoso caso contra Pinochet, instado por la Unión Progresista de Fiscales ante el Juez de Guardia, en ese momento, Garzón, los casos que han llegado a la Audiencia Nacional, algunos ya con sentencias firmes y cumplimiento de condena (Scilingo, afecto a los años de plomo de la dictadura argentina), y otros en proceso de instrucción y vistas, permitió ver alguna luz en que fuera posible el deseo de implantar la justicia de graves crímenes que hasta entonces no podían o querían que fuesen juzgados en los lugares donde se hubiesen cometido esos crímenes. Además, esa ventana abierta no cabe ninguna duda que propició una ‘normalidad’ judicial en diferentes países y se han hecho procesos sobre graves crímenes en Argentina o Chile o se haya podido encausar a Fujimori en el propio Perú. Y encima, diversos estados, como el Reino Unido, animados por estos casos, están estudiando la inclusión legal de la jurisdicción universal.

Las razones -unas convergentes, no explícitas, y no asumidas por todos ellos- de los partidos contrarios al mantenimiento de la jurisdicción universal sin descafeinar han sido desde nuestro punto de vista dos: una, la contradictoria posición legal española de poder investigar y castigar graves crímenes realizados en el exterior y al mismo tiempo, ser el sistema -las magistraturas y las leyes españolas- refractario a la apertura de posibles causas con motivo de las matanzas habidas tras la ruptura de la legalidad republicana con el General Franco; dos, el que se pudieran afectar intereses políticos económicos con los países a las que iban dirigidas las diferentes causas abiertas en la Audiencia Nacional.

En este caso, afortunadamente para los historiadores, tenemos varios testimonios relevantes por parte de israelíes, Livni, la entonces Ministra de Exteriores y Barak, ministro del ejército, laborista, de la misma Internacional que Rodríguez Zapatero, que contemporáneamente a la admisión de la demanda por el asunto de un bombardeo de Gaza con un explosivo de una tonelada de peso y que ocasionó (como era previsible por la cantidad de explosivo y la densidad de la zona bombardeada) 14 muertos (y se supone que la admisión de la demanda no es un acto arbitrario de un juez, sino que es consecuencia de una aportación de elementos que hacen verosímil el alegato de las acusaciones) en los que con familiaridad se congratulan de que se va a cambiar la ley española para que quede sin efecto esa -y futuras- demandas por las acciones israelíes. Por cierto, en Afganistán, aliados -o cómplices- españoles están realizando ese tipo de bombardeos.

Por lo tanto, pudiendo ser por un motivo local, o por la concatenación de diferentes razones de estado, Rodríguez Zapatero, su Gobierno y partido se ha aliado con el PP y demás conservadores, sin caretas hipócritas, para cambiar la norma y premiar la impunidad. Incluso se barrunta en medios jurídicos un uso retroactivo del cambio legal para impedir que se juzguen los casos admitidos o se sobresean las actuaciones.

Pero al estar anclada la todavía vigente ley que permite la jurisdicción universal en Tratados y Convenios Internacionales no está allanado el camino de la impunidad en nuestro país. Además, de aprovechar el tiempo en que todavía esté vigente la actual norma, para nuevas demandas, cabe el recurso al Tribunal Constitucional. El paso atrás no está consumado y aunque habrá que luchar durante mucho tiempo jurídicamente por el mantenimiento, implantación y aplicación de la jurisdicción universal, hay que seguir apoyando a las víctimas para lograr un mundo mejor.

Al fin y al cabo, se ha recurrido a la justicia porque los Gobiernos o la incapacidad legislativa no asumen sus responsabilidades, y siempre hay que fortalecer la movilización popular.

 

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