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Empresas españolas forman parte de la colonización de Palestina

Santiago González Vallejo

Economista. Ligado a diferentes asociaciones y plataformas. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ha trabajado en USO en acción sindical y en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. Cree que un problema democrático es la falta de redistribución económica.

31 diciembre 2023

Cuando se habla de ocupación y colonización de Palestina se suele remarcar los aspectos históricos, la ideología  sionista y las consecuencias de las mismas, en cuanto a la situación de desposesión, sea vital como la de los refugiados o los hitos de violencia con resultado de muerte, heridos o prisión; las expropiaciones, destrucción de hogares o campos de cultivo, etc. Y, en un lugar menor, la cuestión económica. Cómo se concreta la desposesión por medio de las empresas. Las empresas son agentes activos en la desposesión palestina. Un ejemplo de ello son las empresas que construyen y gestionan las líneas de tranvía que van desde la Jerusalén occidental a territorio considerado internacionalmente como Territorio Ocupado Palestino.

La Jerusalén histórica palestina y la Jerusalén que aparece en los mapas israelíes. En la partición de Palestina

En la partición de Palestina por las Naciones Unidas en el año 1947, la ciudad de Jerusalén no debía pertenecer a ninguno de los dos Estados de Palestina (Estado árabe y Estado judío) dibujados por unas naciones Unidas con mentalidad colonial, sino ser administrada internacionalmente. La declaración unilateral sionista de establecimiento de un estado israelí y las batallas que se realizaron en 1948, incluyendo la matanza de Deir Yassin, ocasionaron que el naciente Estado de Israel ocupase territorios asignados al Estado árabe y la parte occidental de Jerusalén. En la guerra de 1967, el Estado de Israel ocupó el resto de la Palestina histórica, incluyendo claro está, la parte de Jerusalén Este.

En 1980, el Parlamento israelí amplió el término municipal de Jerusalén, a áreas occidentales y al Este, siempre con la premisa de un cambio demográfico donde se determinase que el resultado fuera que la mayoría de los jerosolimitanos fueran israelíes ‘judíos’. Complementariamente anexionó esos territorios como parte de Israel y declaró esa Jerusalén ampliada, capital de Israel.

La política de expropiaciones, expulsiones de residentes palestinos, la política urbanística de hacer crecer zonas ‘judías’ (como ejemplo, la destrucción del barrio armenio de la Ciudad Vieja, Silwan, etc) y limitar la capacidad de construcción a los palestinos, implantar edificios gubernamentales israelíes en la zona Oriental de la ciudad, la fijación asimétrica de presupuestos municipales a unas zonas y otras y, por último, la creación de asentamientos  en territorio ocupado palestino son las actuaciones continuas en todas estas décadas.

Tren ligero o tranvía de Jerusalén

El ayuntamiento de esta Jerusalén ampliada, y las autoridades estatales israelíes, planificaron la expansión de asentamientos israelíes en territorio palestino y, también, la red de carreteras conexión ferroviaria, túneles y transporte

público, sean de autobuses o de tranvía con el resto de Israel y los asentamientos nuevos.

El tranvía facilita el transporte de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado y la colonización y ampliación de los asentamientos con nuevas tierras y recursos naturales palestinos, previamente expropia-dos. Se calcula que hay cerca de 200.000 israelíes viviendo en Territorio Ocupado Palestino, tanto en Jerusalén Este como en la Jerusalén ampliada de 1980.

Por si no bastasen los contenidos de la IV Convención de Ginebra y otras normas internacionales, en el año 2009, el Consejo de Derechos Humanos de las NNUU (Informe A/HRC/12/48) denunció estas obras de infraestructura y transporte público que unen Jerusalén y las colonias como un instrumento de colonización. En 2017 dijo: “La puesta en funcionamiento por Israel de un tranvía que une los asentamientos con Jerusalén Occidental (…) es una clara violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas», Resolución 31/36 (A/HRC/RES/31/36), febrero de 2017.

Pero Israel no está preocupado por las resoluciones de las Naciones Unidas o el derecho internacional, gracias a la complicidad internacional.

Así, llevó a cabo un primer concurso internacional para la realización y gestión de la Línea Roja que va por Suafah, con un recorrido cercano a la llamada Línea Verde de armisticio de la guerra que genera la Nakba (1948). La compañía que ganó el concurso de su construcción y gestión fue la francesa Veolia.

El movimiento de solidaridad internacional, recogiendo el llamado de la sociedad civil palestina, empezó a hacer actividades de boicot a la multinacional Veolia y a incidir en diferentes administraciones locales, regionales y estatales de diferentes países para que no se contratase a esta multinacional, con múltiples actividades, por su complicidad con la ocupación palestina. Eso hizo que Veolia, al cabo de unos años, vendiese su participación accionarial de la compañía de tranvías a sus socios locales israelíes. El Estado de Israel, finalmente, efectuó un concurso internacional para que una nueva empresa extranjera, con capacidad tecnológica, comprometiéndose a expropiar a los en esos momentos dueños, se hiciera cargo de la Línea Roja Roja, la ampliase a los asentamientos más al norte de Jerusalén y construyese una nueva Línea de tranvía, la llamada Línea Verde, que también se desplaza a territorio ocupado palestino.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) fue la empresa guipuzcoana que, junto a la empresa israelí Shapir, ganó ese concurso el 8 de agosto de 2019. Otras multinacionales ni siquiera quisieron concursar. El Comité de los trabajadores del centro de Beasain (donde está la sede central de CAF), con unanimidad sindical, había rechazado públicamente desde comienzo del año la participación de su empresa en la colonización. Por su parte, la dirección de CAF ha querido engañar, con permiso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los inversores diciendo que el concurso obtenido (por valor de su parte, de unos 500 millones de euros) era en la ‘ciudad israelí de Jerusalén’, cuando en verdad incluye Territorio Ocupado Palestino, Jerusalén Este y otras partes de Cisjordania.

Ya, unos días después, el 13 de agosto de 2019 el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) publicó un artículo en el diario Gara, “CAF ¿Dónde te metes? ¿Junto a la potencia ocupante?” donde se señalaba el error político,

económico y reputacional de los directivos de CAF por buscar un lucro en la colonización, al servicio de la potencia ocupante israelí y reclamando que desistieran de ese proyecto.

El CSCA, junto con la plataforma de Euskalherria «CAF, bájate del Apartheid», plata formas europeas e israelí, la Campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y otras organizaciones de derechos humanos y solidarias, hemos llevado a cabo múltiples acciones institucionales, sociales y de incidencia política y económica para divulgar la situación de la ocupación y colonización israelí y mostrar cómo las empresas y, en concreto CAF, son agentes activos en dichas actuaciones delictivas. Hay que destacar varias de ellas, su desarrollo y resultados.

Por supuesto, los trabajadores de CAF (14.000 trabajadores), en diferentes factorías, conocen cuál es el comportamiento rechazable de sus directivos y cómo la obtención de bonus puede ocasionarles problemas de reputación (y des pedidos) en muchos lugares de la geografía mundial. En Helsinki, Cagliari (Canadá) o Bogotá ha habido diferentes protestas ante organismos de licitación de contratos y esas protestas van calando en los miembros de los organismos decisores.

En España e Israel se utilizó un mecanismo de denuncia sobre comportamiento de las multinacionales que tiene un funcionamiento voluntario bajo las reglas de la OCDE. Israel adujo que la empresa israelí Shapir cumple las leyes internas israelíes y que no hay ‘territorios ocupados’, y que las disputas políticas no tienen que afectar a las decisiones eco-nómicas. Hay que señalar que Shapir y los proveedores, como el Bank Hapoalim, y el cliente de autobuses de la zona Egged, están en la relación de empresas que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha fijado como empresas que participan activamente en la ocupación y colonización de Palestina. Shapir tiene canteras, construye infraestructuras y viviendas en las colonias, instalaciones para el ejército de ocupación… Es un ejemplo de empresa delincuente que Israel, y de paso la OCDE y la UE, no sanciona. Pero algo se mueve: de hecho, el mayor Fondo de Pensiones del mundo, regido por el noruego Norges Bank, y otros fondos han retirado públicamente todas sus

inversiones en esta empresa. CAF rechazó parar las obras y la gestión del transporte. Rechazó también el arbitraje del

organismo dependiente del ministerio de Industria, Comercio y Turismo español y aceptó encargar un informe a una empresa Negocio Responsable que le exonerase de responsabilidad.

Dicha empresa hizo un informe que consideraba que la reducción de la huella de carbono del transporte público y la no discriminación del viajero que pagase un billete de transporte, fuese israelí, palestino o turista, avalaba la bondad de esa infraestructura. Eludió que CAF y Shapir obedecen al contratista colonizador que planifica los itinerarios (previa expropiación y expulsión de sus habitantes originarios, los palestinos), es decir la potencia ocupante. También eludió la naturaleza colonizadora, por la que cualquier israelí, incluyendo a un colono, puede utilizar el tranvía o ser empleado de la empresa local, pero un palestino, en su propia tierra, que no tenga permiso de Israel no puede entrar en Al-Quds

(Jerusalén) y tampoco ser empleado (ya no digamos directivo) y que, si fuera un residente jerosimilitano, puede dejar de serlo y no poder ser trabajador de la compañía de transporte.

Los informes de los organismos de arbitraje con reglamentos de la OCDE donde se desvela la política de ocupación y lucro de las multinacionales han llegado a todos los diplomáticos de los países de la OCDE. Pero, una vez más, ante esa información, los diplomáticos de los países de la OCDE, la mayoría de ellos países occidentales más ricos, no han hecho nada y consienten esas vulneraciones a Israel y a las multinacionales.

A su vez, 31 organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional y el CSCA, han pedido formalmente que se incluya a CAF en la Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas delincuentes. Pero CAF ha logrado un ‘sello’ de buen comportamiento, de buenas prácticas, simplemente rellenando un cuestionario ante otro organismo de las Naciones Unidas, Global Compact (Pacto Mundial) que no tiene capacidad de supervisión y de eliminación de las empresas que mienten o no quiere hacer-lo. Otra complicidad con la ocupación y greenwashing.

El CSCA y Amnistía Internacional se hicieron accionistas de CAF para poder participar en las Juntas de Accionistas y denunciar el comportamiento del Consejo de Administración y sus principales accionistas, KutxaBank, Cartera

Social SA, Mayoral prendas infantiles (Indumenta Pueri), Daniel Bravo Andreu (el antiguo dueño de los famosos laboratorios farmacéuticos), la Administración Vasca (regida por PNV-PSOE) Instituto Vasco de Finanzas, Santander Asset Management (Banco Santander), The Vanguard Group, Norges Bank, Invesco Advisers y Sycomore Asset Management. Estuvimos en las Juntas de accionistas e intervinimos en las mismas, denunciando al Consejo de Administración, pero fuimos los únicos votos en contra de su actuación. De hecho, el actual presidente de CAF, Andrés Arizkorreta García, ha sido nombrado presidente del Círculo de Empresarios Vascos (CONFESBASK) y va a recibir la medalla de oro de la Diputación de Guipúzcoa, por su labor ‘imprescindible’ y la contribución del tejido empresarial “al bienestar y la cohesión social”. Y diríamos nosotros que esos enaltecimientos suponen, a su vez, el bajo nivel de valoración del cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos ante el lucro de accionistas, empresarios y Administración. Hay que señalar que los medios de comunicación mayoritarios en Euskadi y el PNV, junto al PSE-PSOE tienen un tabú para tratar como se merece a una empresa que ayuda a la colonización en Palestina.

La pasividad gubernamental española anima a más empresas a participar en la colonización

El ministerio de Asuntos Exteriores en su día lanzó una circular para avisar de los riesgos de inversiones de empresas que se hicieran ayudando a la ocupación. Resulta inencontrable en su web, pero al mismo tiempo, el Instituto de Comercio exterior (ICEX) publicó un informe sobre el mercado ferro-viario de la potencia ocupante, incluyendo su mercado urbano.

INECO, una compañía pública de ingeniería, ha estudiado y cobrado informes a las autoridades israelíes sobre la necesidad y dificultades de túneles para la próxima Línea Azul cuyo trayecto también abarcará colonias, en este caso, la de Gilo.

Otra empresa OSSA, de San Sebastián de los Reyes tuvo un accidente, en diciembre del año 2022, donde murieron dos trabajadores españoles, en un túnel en territorio ocupado palestino, de la vía 60 que atraviesa de norte a sur toda la Cisjordania ocupada, uniendo diferentes asentamientos en una ruta exclusiva para israelíes. El titular de la agencia EFE fue ‘Mueren dos trabajadores españoles tras ser atropellados por un vehículo en un túnel en Israel’, ocultando que servían a la colonización y que el accidente fue en Territorio ocupado.

Edreams, una empresa española de servicios turísticos online y que facilita hospedaje en colonias, forma parte de la Base de Datos de las Naciones Unidas ya mencionada y al igual que otras empresas turísticas como Booking, la Organización Mundial de Turismo, con sede en España, las tiene como empresa asociada, a pesar de que forman parte de la economía de la colonización.

Las empresas auditoras, Deloitte, EY que evalúan la veracidad de los Informes obliga-torios de Información no Financiera de las empresas nunca han mostrado discrepancias sobre la actividad que las empresas. Dicen que se hace ‘en Israel’ y a pesar de la mentira manifiesta y de que están vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional, cobrando sus facturas, dejan hacer.

Por eso, no es extraño que una nueva empresa, la catalana COMSA, haya participado y ganado el nuevo concurso internacional para la construcción y gestión de la nueva Línea Azul, planificada por las autoridades israelíes. Ante la falta de sanciones a las empresas o sus directivos, el poder seguir haciendo licitaciones ante Renfe o Rodalies o al Consorcio de Transportes de Madrid o recibiendo contratos de la UE, ¿por qué se va a detener su participación en la colonización israelí y cesar en su lucro? El cinismo hace que COMSA tenga un Código Ético aprobado por su Consejo de administración en junio de este año que dice en su punto 6.2 ‘Compromiso con el respeto a los derechos humanos. Las actividades de COMSA CORPORACIÓN y de las sociedades de su Grupo se desarrollan bajo el respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas, de acuerdo con las leyes y prácticas internacionalmente aceptadas. Entre los estándares que la Organización toma como referencia se encuentran la Carta Internacional de los Derechos Humanos, los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia laboral o las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE

Para este Código ético participar en la ocupación y colonización no debe de formar parte del respeto de los derechos humanos y los palestinos no tienen por qué tener derechos. Sólo el lucro es la guía.

Conclusión

La ocupación y colonización sólo pueden ejecutarse con la participación de empresas, que construyen, brindan servicios y comercian. Por afán de lucro. Que lo hagan empresas israelíes es propio del sistema supremacista israelí. Que lo hagan empresas cuyas sedes estén en democracias y que digan respetar las leyes internacionales, no tanto. En la Sudáfrica racista, los países occidentales fueron-ron cómplices de ese régimen y también lo fueron las multinacionales. Fue la lucha anti racista y la concienciación de las sociedades civiles las que pusieron coto a esos crímenes y forzaron a los gobiernos a poner sanciones.

La sociedad civil europea consiguió 277.000 firmas, La sociedad civil europea consiguió 277.000 firmas, de las que más de 24.000 provenían del Estado español, reclamando la prohibición del comercio entre la UE y las colonias en los Territorios Ocupados. La Comisión Europea tiene que pronunciarse. Los Estados, directamente, tienen capacidad normativa para prohibir ese comercio. Es cuestión de voluntad política.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores y las auditoras tienen que ser fieles a sus obligaciones y poner en cuestión a las empresas multinacionales que no respetan las normas y falsean los datos.

Las administraciones públicas sean estatales, autonómicas o regionales pueden utilizar la ley de contratos públicos para penalizar a las empresas que no respeten, fuera de España, los derechos humanos y el derecho internacional.

Y la sociedad civil tiene que seguir reclamando coherencia a gobernantes y exigir a las empresas buenas prácticas y, si no lo hacen, en consecuencia, tomar las medidas oportunas para que tengan un coste.

Las campañas contra CAF, COMSA, Edreams, GMV, OSSA y TYPSA y sus directivos y accionistas continuarán, hasta conseguir que desistan de su política de complicidad con la ocupación y colonización israelí.

En estos momentos, de la tragedia de las infinitas muertes en la palestina Gaza, vemos que ese tipo de empresas son corresponsables y cómplices de la política supremacista israelí, causa y origen de la misma.

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