En apoyo del derecho internacional

Santiago González Vallejo

Economista. Ligado a diferentes asociaciones y plataformas. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ha trabajado en USO en acción sindical y en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. Cree que un problema democrático es la falta de redistribución económica.

31 diciembre 2010

Los documentos filtrados por Wikileaks y antes otros, sólo muestran parcialmente el engarce del poder con la injusticia. En el caso español se revela que es más fuerte la alianza de intereses mutuos de los Gobiernos español-estadounidense, sean cuales sean sus opciones partidarias, que su búsqueda de justicia y de persecución al crimen.

Las organizaciones solidarias tienen que recurrir al derecho internacional, a su manifestación más sintética de la Declaración de los Derechos Humanos, ante las tropelías de los Gobiernos y otros agentes violentos.

Ante la complicidad gubernamental, las razones de estado, la injusticia, las organizaciones tenemos, de momento, el derecho internacional para cambiar situaciones, enjuiciar a criminales, reparar daños.

Los documentos filtrados por Wikileaks y antes otros, sólo muestran parcialmente el engarce del poder con la injusticia.

En el caso español se revela que es más fuerte la alianza de intereses mutuos de los Gobiernos español-estadounidense, sean cuales sean sus opciones partidarias, que su búsqueda de justicia y de persecución al crimen.

En España, utilizando la herramienta de la jurisdicción universal, las asociaciones solidarias, con abogados comprometidos y profesionales, han promovido y abierto causas que han dado esperanza y se ha impartido justicia y reparación a las víctimas de atropellos. La mayoría de los partidos políticos y sus representantes, con nombres y apellidos, cambiaron la ley. Una minoría, lo rechazó. Se selló una alianza con lo tenebroso que emerge de las razones de Estado, incluidos los que se declaran democráticos, pero que no tienen reparos en ocultar crímenes propios o de aliados.

Frente a una polémica artificial focalizada sobre el mensajero, o sobre las cualidades personales de los sujetos mencionados en la documentación filtrada, hay que señalar no a los dedos de la trama si no a la luna del problema: si se está o no a favor del derecho internacional y qué se hace para su aplicación real.

Unos, los que emprendemos causas, asesorados por abogados comprometidos y profesionales, defendemos la vigencia del derecho internacional. Y lo hemos podido defender, y reclamar su vigencia real, gracias a las figuras de acusación particular y popular. A la existencia de unas leyes que permitían la jurisdicción universal.

Ahora, después del cambio de ley, que la hace más restrictiva, también creemos que existe esa posibilidad de vigencia de la jurisdicción universal porque España, en los albores de la democracia, ratificó una serie de Tratados Internacionales que, si no cambian la Constitución, siguen siendo factibles de reclamar su aplicación.

Otros con la boca grande también dicen defender el derecho internacional, pero la garganta profunda les ha delatado. Si ya éramos incrédulos, por su conducta, de algunos formales funcionarios y representantes democráticos,  ahora desaparece el velo cínico de sus comportamientos. Reina la amoralidad y el cinismo.

Pero todavía nos queda el derecho internacional. Las leyes procesales todavía dejan huecos para reclamar su aplicación. Las asociaciones solidarias e internacionalistas cuentan con abogados y abogadas comprometidos y profesionales. Las víctimas, esos seres humanos necesitados de justicia y reparación, nos siguen siendo diferentes.

* El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe es una organización que ha promovido diversas acusaciones populares en la Audiencia Nacional por la matanza de Gaza en el año 2002 y la Flotilla asaltada por la armada israelí de 2010.

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