La construcción fiscal europea, un reto de la ciudadania

Santiago González Vallejo

Economista. Ligado a diferentes asociaciones y plataformas. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ha trabajado en USO en acción sindical y en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. Cree que un problema democrático es la falta de redistribución económica.

11 abril 2019

La Unión Europea, mejor dicho, los gobiernos de los diferentes países europeos han construido un espacio económico que tiene unas áreas muy avanzadas y otras que están en su mínima expresión.

Esto que es explicable por razones históricas, dinámicas políticas e ideológicas, hace que los diferentes gobiernos tengan varias narrativas sobre la UE y cuál debería ser su evolución. No está determinado que se vaya o se quiera ir a un espacio político común. Hay gobiernos que están satisfechos con que se quede la UE como está (o menos), en un mercado común y poco más, y otros gobiernos paneuropeístas que consideran que debe irse hacia una unidad política y, mientras tanto, avanzar en políticas y presupuestos concomitantes a las atribuciones de un Estado (Federal).

Por supuesto, hay muchas graduaciones entre un espacio estrictamente limitado a un mercado común y la situación en la que nos encontramos, donde hay unos fondos de cohesión, unas normas de obligado cumplimiento en muchos planos, un tribunal de justicia e incluso una construcción de gobernanza del euro, empezando por las garantías bancarias y un Parlamento Europeo colegislativo. El hecho de fijar, mediante el mecanismo del Semestre Europeo una vigilancia mancomunada de los parámetros de déficit, deuda, balanza de pagos, etc., es un paso relevante de gobierno económico, pero capitidisminuido porque cada Estado y su diferente estructura económica tiene que encontrar esos equilibrios macroeconómicos e intentar ponerse en cabeza de prosperidad económica y social casi con sus propios medios y en competencia con el resto de los países de la UE.

Esa lucha competitiva entre gobiernos de Estados, unos con otros, ha sido, esta vez sí, determinada por el Tratado de la Unión. Así, para atraer inversiones productivas o para capturar movimientos financieros los Estados compiten entre sí (¿deslealmente?) y uno de sus instrumentos está en la fiscalidad. Ésta es ‘libre’ de ser fijada por cada Estado y el Tratado de la Unión establece que la UE (la Comisión y el Consejo o el Parlamento Europeo) no puede ordenar nada en este aspecto si no es por unanimidad. Esto genera una competitividad fiscal a la baja que favorece a multinacionales, a sus accionistas, fondos y particulares, en contra de los criterios de una fiscalidad progresiva y suficiente.

Es cierto, que hay todo un pensamiento político que señala, con razón, que pagar impuestos es un elemento coercitivo que es consustancial a la ciudadanía. El Estado se forja por la imbricación del ciudadano que paga una contribución por pertenecer a una comunidad. Esa estructura, el Estado, que paga, es suya.

Y en estas estamos. La UE no es un Estado. Y muchos gobiernos tienen o creen tener para sus nacionales una ventaja en la actual disposición de necesitarse la unanimidad en asuntos fiscales, para diferenciarse del conjunto, y ofrecer elementos singulares al mundo empresarial y financiero. Y con esos gobiernos, también están sus nacionales o viceversa. Y esto es un hándicap para la construcción europea.

Apple tiene un acuerdo con Irlanda para llevarse los beneficios de todas sus ventas a Irlanda y no pagar impuestos, pero tiene miles de ingenieros en Dublín. Holanda es reacia a que los países del Sur se retrasen en corregir sus déficits públicos, pero obvia los tejemanejes de las multinacionales sitas en esos países, pero cuyas matrices se encuentran en dicho Estado, y que con sus precios de transferencia laminan la capacidad de pagos fiscales de las filiales. Luxemburgo, Malta, Chipre son paraísos fiscales. Y otros más, tienen figuras fiscales o tal nivel de opacidad que son considerados primos hermanos de los anteriores.

Finlandia, Suecia, Dinamarca e Irlanda se han negado a establecer la tasa Google para que las empresas digitales -que no pagan nada, en ningún sitio- tengan que satisfacer un mínimo de su facturación de unas áreas determinadas de sus negocios. El impuesto de transacciones financieras, a pesar de contar con el apoyo de varios países europeos en lo que se ha llamado cooperación reforzada, se ha aplazado su puesta en marcha, tras el Brexit y el rechazo del resto de países europeos.

La modificación del Tratado de la Unión exigiría que tanto los países pequeños que consideran que para tener ventajas competitivas con los grandes tienen que ofrecer esas singularidades fiscales de poca tributación y opacidad, como los que ahora cuentan con muchas sedes de multinacionales cambiasen su posición y ‘perdieran’ las ventajas actuales. Nos encontramos en una encrucijada. Muchos economistas consideramos que es necesaria alguna armonización y que globalmente los europeos ganaríamos con ella. Pero, como en muchos otros aspectos, habría quien perdería si no hay otras modificaciones económicas. Por eso hay gobiernos que rechazan perder su capacidad de veto y siguen exigiendo en esa parcela de la fiscalidad, la unanimidad.

Los redactores del informe Tax 3 del Parlamento Europeo, que se han enfrentado a la realización de una investigación de los Papeles de Panamá, el Luxleaks, etc., la opacidad y el oportunismo de las multinacionales y de personas multimillonarias para no pagar impuestos, han visto que ante ese dilema armonización vs unanimidad se podría hacer uso del artículo 116 del Tratado que dice «En caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados.

Si tales consultas no permitieran llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin. Podrán adoptarse cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en los Tratados.

Pero, aún encontrando un camino que lograse romper la regla de la unanimidad, sólo sería un camino transitable si los nacionales de cada Estado valoran que quieren ser ciudadanos europeos y cada uno de los gobiernos acepta que no tienen que estar al servicio de un capital transfronterizo. Mientras tanto, la UE es el paraíso fiscal de las multinacionales a costa de sus ciudadanos.

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