La defensa de la jurisdicción universal frente a Israel

Santiago González Vallejo

Economista. Ligado a diferentes asociaciones y plataformas. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ha trabajado en USO en acción sindical y en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. Cree que un problema democrático es la falta de redistribución económica.

3 mayo 2009

La derechona y el PSOE intentan suprimir la posibilidad de acceso a la justicia universal

En la Audiencia Nacional una demanda contra siete altos cargos israelíes está provocando que el Gobierno, la derechona, incluyendo el PSOE, y determinados altos responsables del mundo del derecho planteen la conveniencia de suprimir la posibilidad de acceso a la justicia universal, a pesar de reconocer que la gravedad de los hechos denunciados son graves y merecedores de ser investigados o llevados a un tribunal internacional.

No se había acabado de apagar el fuego de los bombardeos de Gaza, cuando el Juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, aceptó admitir a trámite la demanda presentada por familiares asesinados en el año 2002 en un bombardeo en un barrio populoso. El ejército ‘más moral’ en palabras de Barak, Ministro laborista israelí de defensa, se veía cuestionado por un crimen.

Una demanda que pasó desapercibida cuando se presentó el 24 de junio de 2008 y que iba contra siete personas israelíes, no contra Israel, al asumir éste como parte de su política cotidiana de ocupación los asesinatos extrajudiciales y los bombardeos a la población civil, adquiere carta política. Y, empiezan a moverse los hilos.

Primero intentando orillarla, no contestando nada para ver si se pudre en algún juzgado. Pero que, ante la obligación del juez de admitir la demanda fundamentada y haber acusados por crímenes de lesa humanidad, es contestada por la Embajada de Israel al día siguiente de su admisión el 29 de enero de 2009 para intentar parar el golpe.

La lider del partido Kadima y entonces Ministra de Exteriores israelí, Litni, hace público que el Ministro español de Exteriores, Moratinos, promete cambiar las leyes para que la jurisdicción universal se pare ante los crímenes de Israel. El fiscal, Pedro Martínez Torrijos, por su parte, hace una defensa del archivo de la demanda aceptando los planteamientos israelíes que llevarían a admitir en un estado de derecho y de respeto a los derechos humanos a considerar legítimos los asesinatos extrajudiciales, los bombardeos,…

El PP, el aparato del PSOE y los altavoces sesgados mediáticos preparan la puesta en escena. Rápidamente, hay una reacción de los grupos de solidaridad encabezados por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina que consigue unos cientos de firmas y publica un manifiesto en el periódico Público. Las asociaciones Al Quds de Málaga y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que apoyan a las acusaciones particular y popular, recaudan fondos (C/C: 2100 3749 71 2200038690) para satisfacer los gastos de traducciones y demás de la querella, Izquierda Unida, también es acusador popular y a través de Gaspar Llamazares hace preguntas parlamentarias sobre la descarada doblez del Gobierno que por un lado, a través del PSOE ha apoyado manifestaciones contra la masacre espectacular de Gaza, pero que parece apoyar las masacres cotidianas de la ocupación.

Tras la ratificación del juez de admisión de la demanda y señalar que existe competencia, Barak, el ministro laborista de defensa israelí, dice que pedirá a su ‘compañero’ Zapatero de la Internacional Socialista que evite que la jurisdicción universal española pueda encausar a ningún israelí, haga lo que haga ese israelí.

Nuevamente, el Fiscal pide el archivo, pero ya con argumentaciones más técnicas, sobre competencias de la Audiencia Nacional, etc.
Aquí, es cuando se produce el Debate del Estado de la Nación y las Resoluciones correspondientes, donde con el voto en contra de IU, IpC, ERC y BNG (y a favor del resto de los partidos, PSOE, PP, CiU, PNV. Nafarroa Bai, etc) se aprueba modificar la ley española que permite luchar contra la impunidad (cuando no hay españoles).

Los parlamentarios que han aprobado una resolución pidiendo que se limite y en último extremo que deje de ser operativa la jurisdicción universal, anteponen las razones de estado a la justicia, y ponen al descubierto los mimbres éticos en que se mueven al resultar cómplices de la ocupación israelí, dado que no han hecho nada para evitarla.

Será tarea de los próximos días, mantener el apoyo social a que se siga impartiendo justicia en éste y en otros casos que se puedan presentar en la Audiencia nacional. Las acciones coordinadas que están llevando a cabo las organizaciones sociales y solidarias en Palestina y en Europa vienen a llenar el vacío que ha dejado la Comunidad Internacional en el tema palestino.

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