La dignidad y la protesta

Santiago González Vallejo

Economista. Ligado a diferentes asociaciones y plataformas. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Ha trabajado en USO en acción sindical y en la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. Cree que un problema democrático es la falta de redistribución económica.

28 septiembre 2010

La huelga general convocada por los sindicatos CC OO, CGT, UGT, USO y apoyada por diferentes asociaciones ciudadanas, para mañana, 29 de septiembre, resulta de la confluencia de diversos malestares y reivindicaciones.

El catalizador ha sido la decisión gubernamental y de sus aliados por laminar aún más la capacidad contractual de los trabajadores y sus organizaciones y las normas que las han precedido (reducción salarial a los funcionarios, recortes normativos al crecimiento de gasto social) y las que ya están anunciadas, de más de lo mismo, en las pensiones.

Los años de crecimiento económico, bastante polarizados en el sector financiero, inmobiliario y otros, fueron utilizados por éste y anteriores gobiernos en un desmonte de la progresividad fiscal. En huir de su capacidad propositiva para modificar pautas de crecimiento y mejorar la capacidad y diversificación productiva. En consolidar una «construcción» europea basada en una moneda única sin consolidar previamente una fiscalidad y política presupuestaria común, acorde a una coherencia entre el instrumento y las bases económicas y la dinámica asimétrica de crecimiento de productividad, inflación y estructuras productivas.

Por lo tanto, la huelga llega tarde, para haber llamado la atención de los poderes públicos y fácticos sobre los errores que se estaban acometiendo. Pero es vigente sobre su rechazo a las medidas desveladas del Gobierno y sus aliados (políticos y fácticos) que ahondan la desigualdad, no plantean cambios estructurales de crecimiento y son timoratas en la construcción de una política europea coherente en los planos monetario, fiscalidad, presupuestario y, lógicamente, en la esfera política.

Subtítulo: No se puede admitir que paguen la crisis quienes no la han fraguado

Destacado: No hubo respuestas suficientes ante la crisis y alguna de las políticas llevadas a cabo la han agravado o han limitado la capacidad de reacción

¿Se apela a producir bienes basados en salarios más reducidos con un mayor diferencial que los de otros salarios de otras zonas para compensar la falta de políticas que aumenten la productividad, de ahí el reducir la capacidad contractual sindical y la reducción de la participación de los salarios en la renta nacional?

Pero, además, no lo olvidemos, la huelga es un coste para los trabajadores. Salarial e incluso en el empleo porque en algún caso va a haber represalias contra los mismos, ¡con una reducción de las indemnizaciones de sus despidos improcedentes y encima subvencionadas con su propia masa salarial! La huelga es el instrumento colectivo de los trabajadores y trabajadoras para mostrar su disconformidad hacia esos poderes (que ahora se extienden a un linchamiento mediático hacia los sindicatos, sin distinguir o matizar la razón de ser de los mismos y las diversas prácticas), para señalar su disconformidad con unas políticas que van contra ellos. Pero al mismo tiempo, la huelga, con su sacrificio, revela una dignidad, los trabajadores, las personas, el trabajo como centralidad que debiera informar la política, frente a la simpleza de que las políticas antisociales, la reducción de la masa salarial en el porcentaje de la renta nacional, la desfiscalización y dualidad de las rentas del capital se hacen por su bien.

La situación actual llega con una reversión de la agenda instalada al comienzo de la crisis. Hemos pasado de descubrir las consecuencias de un neoliberalismo salvaje a una regresión de que la crisis la paguen los trabajadores.

Todavía recordamos la petición de suspensión cautelar del capitalismo realizada por corifeos del mercado libre. El «descubrimiento» de que existen paraísos fiscales y que el sector financiero hace tiempo es autónomo de la economía real, a la que subyuga y maniata.

Menos veces se repite, y es un dato que hace comprender el carácter sistémico de la crisis actual, extendido a todos los países occidentales, desde Estados Unidos, Alemania o España, el hecho de que los salarios (y su capacidad de compra global) han reducido sus porcentajes de participación en la renta nacional. En nuestro país, cuatro puntos desde el año 2000. Se ha reducido en el año 2009, a pesar de que las cuantiosas indemnizaciones por despido engrosan la masa salarial. Todo esto en un entorno de incapacidad y falta de impulso de progresividad fiscal y su corolario de un porcentaje de gasto social menor que el que la situación exige.

La capacidad productiva de nuestro país y si está acorde a la demanda (y en algún caso a las necesidades) se puede colegir de la composición del PIB y del tamaño y desequilibrios de la balanza comercial y de pagos.

Las reclamaciones de los trabajadores y trabajadoras es que se hagan frente a estos retos, de forma solidaria y coherente, la regulación financiera, la mejora del bienestar, redistribución funcional y de gasto social para el conjunto de la población y unas políticas productivas que aúnen un desarrollo sostenible ambiental con la generación de riqueza.

No hubo respuestas suficientes antes de la crisis. Algunas de las políticas llevadas a cabo la han agravado o han limitado la capacidad de reacción. Las decisiones de contrarreforma laboral y la contención de gasto social, que los gobiernos europeos están haciendo para buscar una recuperación de los beneficios a costa de la exportación de la misma, al mismo tiempo, es un error.

Por éstas y más razones, es coherente y digno hacer la huelga general. No podemos admitir que paguemos la crisis quienes no la hemos fraguado y porque hay otras políticas más abonadas al éxito que el vademécum de los causantes.

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