Actualmente, cerca de 10.000 investigadores en nuestro país tienen más de 100 tipos de becas, con una remuneración variable, careciendo de contratos laborales y, por lo tanto, de coberturas sociales.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha reconocido la situación de precariedad en la que se encuentran, pero no reconoce su categoría de trabajadores.

El motivo sostenido por la Administración para excluirlos es que estos jóvenes investigadores están en periodo de formación y, por esa razón, no se les puede considerar como trabajadores por cuenta ajena.

La laxitud de inspección, además, sirve a la dolosa práctica de determinadas empresas que buscan el ahorro de las cotizaciones a la Seguridad Social por medio de una ingeniería laboral y fiscal, ofreciendo becas en lugar de contratos laborales.

Esta situación puede tener un infeliz impulso si persiste la ocurrencia del Ministerio de inventarse un Estatuto del Becario con posible cobertura sanitaria, pero con ahorro de desempleo o vacaciones.

La investigación es un trabajo en equipo. Un departamento sigue unas líneas y el becario forma parte de un engranaje que coadyuva al resultado final: existe una dependencia jerárquica y el acceso a los centros de investigación es por concursos de méritos.

No son meros estudiantes que no puedan ejercer su profesión. Son titulados universitarios con una formación suficiente para desarrollar su actividad investigadora, como queda demostrado en el Informe Bibliométrico de la Producción Científica del Personal Investigador en Formación y Perfeccionamiento en España.

Por supuesto, al igual que el resto de investigadores, el profesional becario en ese proceso adquiere conocimientos y destrezas. El problema que debe solucionarse ahora es la inseguridad laboral y social con la que se presta esa actividad.

Resulta necesario que las personas que dedican tres o cuatro años de su vida a la investigación —por no mencionar a las personas que se han perpetuado en este régimen singular de becarios— tengan cubiertas sus necesidades por enfermedad para sí y su familia, hayan devengado derechos para sus futuras pensiones y cotizado para la prestación de desempleo.

De esta forma, habrá una mínima red de seguridad para trabajar en la investigación. Esto no significa funcionarización. Son los investigadores los que reclaman una contratación laboral de tiempo definido, equivalente a los médicos MIR.

En cualquier caso, es incongruente para un Estado de Derecho que existan personas a las que, mientras trabajan y reciben una compensación económica (sujeta a obligaciones fiscales), se les niegan los derechos sociales inherentes a cualquier contrato.

Resulta chocante que se les niegue la asistencia sanitaria pública, pero que se presupuesten partidas para brindarles pólizas de seguro de mayor o menor asistencia sanitaria con empresas privadas.

Con eso se demuestra la regresividad conceptual del antiguo legislador: no enmienda lo principal —la relación laboral— y provee de parches que redundan en derivar gasto público hacia el beneficio de la esfera privada.

Lo mismo se podría indicar para las prestaciones por desempleo o jubilación que, en esta locura de reducir coberturas sociales, los centristas del Partido Popular podrían argüir la posibilidad de que los afectados las cubrieran con planes de pensiones privados.

Así lo han comprendido otros países de nuestro entorno, como Alemania o Austria, en los que sus investigadores cuentan con contrato laboral.

En el caso del Estado español, según cálculos aceptados por el propio Senado, el coste global para todas las Administraciones públicas de la inclusión en la Seguridad Social de todos los becarios de investigación (que es, en la práctica, el único nuevo coste derivado de la conversión de las becas en contratos laborales), sería de unos 36 millones de euros, inclusive los ocho millones de euros que representarían las cotizaciones por desempleo.

Además, se trata de sufragar derechos de prestación que se liquidarían, en su caso, en un futuro más prolongado, por lo que, en principio, alimentarían la Tesorería de la propia Seguridad Social.

Se trata, pues, de ser congruentes con la iniciativa aprobada en diferentes parlamentos autonómicos, como los de Andalucía, Asturias, Canarias, Extremadura, Euskadi y, en concreto, en las Cortes de Aragón.

Y, cómo no, se trata de remover obstáculos a la conversión de las actuales becas en contratos laborales, con la promoción de unas relaciones laborales modernas, que eviten la subordinación paternalista del investigador hacia un responsable que puede disponer, en el peor de los casos, de su futuro casi sin límites.

Es hora ya de corregir esta situación, dando la categoría de normalidad —es decir, un contrato laboral— a lo que es normal: el trabajo de investigación.

Mientras tanto, seguiremos viendo a los becarios de color exprimido, explotado, vestidos de naranja, como cuando se hace zumo.