En este periodo de reformas fiscales, tras comprobar que estructuralmente hay déficit, tras las rebajas fiscales que afectaban principalmente a los impuestos directos (patrimonio, renta y sociedades), el Gobierno, por credibilidad ante los prestamistas, ha considerado que hay que subir algunos impuestos, a pesar de que la crisis no ha finalizado y se supone que éstos van a drenar el consumo interno.

En cambio, revertir la situación anterior a su contrarreforma fiscal (continuación de la que también hizo el PP) y restaurar el nivel tarifario de los impuestos mencionados, el Gobierno propone subir permanentemente los tipos de IVA y otros sobre el ahorro, temporalmente. Así, la progresividad global del sistema fiscal sufrirá un poco más, desdibujando el mandato constitucional.

Pero de todas formas, hay un margen de maniobra pequeño para mejorar la progresividad fiscal utilizando la posibilidad de variar, disminuyendo el tipo de IVA de un bien de consumo masivo, popular, como lo tienen otros países europeos. Pensamos en el transporte público colectivo. La disminución del tipo de este servicio, del actual 7 (que sería un 8% a partir de julio de 2010) al 4% tiene varias ventajas, además de la señalada antes de mejorar la progresividad fiscal, considerando que ésta se midiera por los impuestos que efectivamente se pagan en relación a la renta disponible. Entre ellas, posibilitar una reducción o una congelación de las tarifas en esos servicios de transporte colectivo, que dependen en muchos casos de las arcas municipales, a pesar de un posible aumento de los precios de la energía que consumen. Eso no impediría al Gobierno realizar las acciones precisas para una mejora de la concurrencia y la disminución de los beneficios extraordinarios de empresas oligopolistas.

Por otro lado, no olvidemos que el transporte público colectivo es más eficiente energéticamente que el transporte privado individual, contamina menos, utiliza menos espacio, es más sostenible.

El transporte, la movilidad, supone una de las causas de gasto de energía, generalmente de procedencia fósil e importada. Eso explica parcialmente que nuestro país, dado su nivel de desarrollo económico, gaste proporcionalmente más energía por unidad de producto. Y que desbordemos los niveles de emisión de CO2 acordados por el Tratado de Kioto. La consecuencia principal en términos economicistas es que el valor añadido bruto de nuestra economía podría tener un crecimiento mayor si se corrigiesen determinadas prácticas comunes de utilizar transportes individuales o privados. Por último, no olvidemos que en determinados núcleos urbanos, la densidad de ozono ha llegado a ser, por lo continua, preocupante.

Por tanto, desde una visión que defienda una mejora redistributiva y un desarrollo sostenible, se debería buscar una estrategia que aúne planos ecológicos, fiscales progresistas y de bienestar social y económico.

Desde el punto de vista comunitario se puede echar mano a la Sexta Directiva 77/388/CEE de 1977 y a la curiosa interpretación del legislador español en la exposición de motivos de la reforma parcial del IVA realizada en 1997 con motivo de reducir la imposición a los peajes de autopista. Además, desde el punto de vista de la armonización fiscal europea, el tipo medio de IVA para el transporte público urbano de los quince antiguos países miembros de la UE es de 4,77%, por lo que es razonable la reducción del actual 7%, al superreducido del 4%. De esta forma se realizaría una discriminación positiva hacia prácticas más sostenibles.

La posible desviación del uso privado de transporte al colectivo, sería beneficioso para todos, para los usuarios de dichos medios y para la economía general. Y, por supuesto, también para la sociedad.

https://www.laverdad.es/murcia/20091102/opinion/propuesta-para-transporte-sostenible-20091102.html