Los más de cinco millones de refugiados palestinos viven o malviven en una situación problemática y con pocos apoyos internacionales para resolver definitivamente su drama. No todos ellos están reconocidos como tal, porque la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados palestinos (en sus siglas en inglés, UNRWA), tiene un censo parcial de los refugiados procedentes de las expulsiones y huidas de los pobladores de Palestina en 1948. No todos ellos y sus descendientes se encuentran en ese censo que da acceso a educación, sanidad y otros servicios. Pero los refugiados procedentes de la diáspora de la ocupación sionista de Cisjordania, incluyendo Jerusalén, o Gaza, son considerados ‘desplazados’ y tampoco tienen esa categoría.

Para resolver su situación, se redactó y aprobó en las NNUU, la Resolución 194, hace ya casi 60 años, que establece el derecho al retorno a sus hogares (donde quiera que estén, en cualquier parte de la Palestina histórica) o ser indemnizados. Israel la rechaza de plano y arguye que si se cumpliera Israel dejaría de ser un Estado judío (concepción racista donde las haya y aceptado por el mismo Occidente que nominalmente rechaza la limpieza étnica) o que no caben. Pero, en su lugar, mantiene y refuerza presupuestariamente su política racista y refuerza la ley de dar un hogar ­aunque sea en los Territorios Ocupados- a cualquier sionista de cualquier parte del mundo que se considere judío.

Esa Resolución, por supuesto, no ha sido cumplimentada, ni ha habido presiones internacionales a Israel relevantes para ejecutarla. Todo lo contrario, la ‘normalización’ de Israel con nuevos Tratados, Acuerdos tanto bilaterales como multilaterales se han ido realizando con diversos países y organizaciones occidentales (UE, OTAN, Eurovisión, etc.) sin que este aspecto de la impunidad israelí haya sido un obstáculo.

El escaso perfil informativo del drama de los refugiados palestinos, tras tantos años y la dejadez interesada de la comunidad internacional, hace verosímil que no se les tenga en cuenta cuando las potencias redactoras de planes y hojas de ruta diseñan ‘soluciones’ ad hoc a los intereses sionistas.

El último ejemplo es la Resolución 1701 por la que se avala un cese el fuego entre Israel y El Líbano, se establece una fuerza militar que vigile el alto el fuego, y se deja para infructuosas negociaciones el asunto de la ocupación israelí de tierras libanesas y de forma asimétrica ­nuevamente- se contempla la posible liberaciones de soldados israelíes y de presos ­durante muchos años- libaneses. Pues bien, en esa misma Resolución se hace un recordatorio de que hay que resolver otros asuntos que son parte y fuente de los estallidos periódicos de violencia, el drama palestino. Y enumeran otras Resoluciones que inciden en el problema de la ocupación sionista y de su rechazo. Pero, y no es casualidad, se ‘olvida’ de mencionar la Resolución 194 antes descrita.

El agotamiento de los donantes y la presión de algunos de éstos hacen que la UNRWA no tenga mandato ni capacidad de socorrer a todos los refugiados y por lo tanto sus servicios son recortados, no cubren por ejemplo un servicio sanitario las 24 horas, hay problemas educativos, etc. Esto sirve para intentar que los palestinos acepten planes de pacificación vergonzosos y desistan de sus aspiraciones. Ese camino de desistimiento tenía un plano político relevante: La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ‘se ocupa’ de Cisjordania y Gaza y sería la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) la encargada del conjunto de la población palestina. Tras Oslo, ha habido un cierto desdibujamiento de responsabilidades y de atención al ser la OLP desplazada, como centro de poder, en beneficio de la prioridad de asentar a la ANP ejercida formalmente por el liderazgo de ambos organismos, del indiscutible Arafat.

Pero, un hecho contradictorio ha mejorado el plano político de los refugiados: las querellas de la Presidencia y Gobierno palestino, Mahmud Abás y Hamás, respectivamente, junto a las condiciones occidentales al nuevo Gobierno palestino, tras las elecciones de enero de este año, ha focalizado nuevamente el rol de la OLP, firmante de los Acuerdos de Oslo, dirigida formalmente por el mismo Mahmud Abás, y de sus responsabilidades con la diáspora palestina, no suficientemente asumidas en los últimos años.

Nuevamente, se hace más evidente que no puede haber proceso de paz sin dar una respuesta a los refugiados palestinos acorde con la legalidad internacional. Y por eso, no es baladí, como los Estados Unidos, Francia (y la Unión Europea) redactores de la Resolución 1701, junto con la aceptación del Gobierno libanés ­tradicionalmente enemigo de los refugiados palestinos- omitieron la inclusión de la Resolución 194.

Los Gobiernos libaneses se encontraron con el hecho de la huida de los palestinos a su territorio, y con el prisma de su situación ‘provisional’, pero también para no alterar la relación de fuerzas post colonial que daba un poder no democrático a la minoría ‘cristiana’ pro occidental, han ejercido una política de ‘guetización’ frente a los refugiados palestinos: cerco de los campos, chavolización y crecimiento vertical sin alcantarillado, imposibilidad de promoción profesional, etc. haciéndoles más difícil la vida cotidiana a esos refugiados y sus descendientes.

Es cierto que los palestinos han mantenido sus estructuras, organizaciones y rivalidades. Pero también se han consolidado todas ellas ante la refractaria actitud de las autoridades libanesas. Y hay una estructura dual, no tanto para hablar de un estado dentro de un estado. Menos tras las guerras civiles libanesas y la expulsión mano militari ­consentida por los estados occidentales- tras el asedio de Beirut de 1982 y las matanzas de Sabra y Chatila.

Por todo ello, es preciso reforzar la visibilidad del problema de los refugiados palestinos, haciendo un trabajo específico de solidaridad, para mejorar su situación de precariedad, pero también ejercitando presión hacia nuestros gobiernos para que vuelvan a rehacer la agenda política de sus compromisos y responsabilidades.