En la próxima Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, la número 113, del 2 al 13 de junio, se tratará, entre otros asuntos relevantes para el mundo del trabajo, dos cuestiones que afectan a la causa palestina: la admisión de Palestina en la OIT como Estado observador no miembro, con características parecidas a aquellas de las que goza como Estado observador en las Naciones Unidas, y también el Informe anual sobre La situación de los trabajadores de los territorios árabes ocupados, en Palestina y los Altos del Golán sirios.

En el caso de que la Conferencia apruebe el nuevo estatus del Estado de Palestina, superior al que ahora tiene como movimiento de liberación la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Estado palestino podrá participar, de forma tripartita (Gobierno, representantes de trabajadores y empresarios) en las diferentes sesiones y responsabilidades. Serán relevantes sus opiniones sobre la economía jibarizada y colonizada por Israel, que impide el desarrollo económico y social de los palestinos, el robo de impuestos, la rapiña de recursos naturales, desde el agua y la tierra hasta el gas de Gaza o el petróleo de Cisjordania, e incluso el destino y saqueo de las cotizaciones sociales de los trabajadores palestinos que han desarrollado su actividad laboral en Israel —interrumpida desde octubre de 2023— o las ilegalidades superpuestas de los trabajadores palestinos que no han tenido otro remedio que trabajar en los asentamientos ilegales. Lo anterior incluye la situación de la comunidad palestina jerosolimitana. Sin olvidar a los palestinos de ciudadanía israelí que tiene problemas de discriminación, promoción económica y social o de recursos públicos.

Además, con cuidado diplomático, deberá velar por toda esa diáspora palestina refugiada, en el Líbano y otros países, que arrastra problemas desde la expulsión conocida como Nakba en 1948.

Muchas de esas situaciones sociales y económicas de los trabajadores y empresarios palestinos y sirios que padecen la ocupación y colonización no podrían existir sin la complicidad con Israel de sus socios y de aquellas empresas que participan en esa colonización, incluidas algunas españolas, como CAF, eDreams, etc.

Así, por poner un ejemplo, si es un dato incuestionable que Israel coloniza el agua y que es asimétrica la distribución y coste de la misma para israelíes (colonos incluidos) y palestinos y sirios, y también que Israel controla las fronteras de comercio e insumos externos y las barreras internas que sufren los colonizados, lo cual hace aumentar sus costes e impide la comercialización de sus productos, llegaríamos a la conclusión de que la agricultura israelí (y la de los asentamientos ilegales) está dopada. Esta situación debería ponerse en tela de juicio, y por mucho que exista un Acuerdo de Asociación con la UE, Israel no debería poder exportar hasta que la agricultura palestina y siria (sin colonos) recibiera un trato justo, lo cual incrementaría el desarrollo y la empleabilidad palestina y siria.

Con respecto al Informe de la OIT, éste lleva realizándose desde hace decenios y no ha logrado cambiar la política de complicidad occidental con Israel, pese a que cada año ha ido constatando el expolio que sufre la población autóctona palestina. Hay que hacer constar que Israel impidió este año la visita de los representantes de la OIT al propio Israel y a los territorios ocupados, sin sufrir de momento ningún reproche de la comunidad internacional, pero éstos pudieron llevar a cabo su misión gracias a comunicaciones escritas, entrevistas en Jordania y por teleconferencia con múltiples partes interesadas.

El Informe constata, primero, lo evidente: en Gaza, la mayoría de las empresas y lugares de trabajo han sido destruidos o cerrados. Más del 80% de las instalaciones comerciales ha sufrido daños y casi todos los activos agrícolas han sido destruidos. La pesca ha cesado. El puerto de Gaza, sus embarcaciones pesqueras e instalaciones de almacenamiento han quedado reducidos a escombros. El conjunto de la población se ve afectado por una pobreza multidimensional. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han registrado niveles sin precedentes de violaciones de los principios del derecho internacional humanitario.

En Cisjordania, se ha intensificado la ocupación militar y se ha acelerado la expansión de los asentamientos. Sólo en 2024 se han arrebatado a los palestinos 2.423 hectáreas y se han demolido 1.768 estructuras de edificación palestina, con cerca de 45.000 palestinos desplazados. Se ha prohibido a 150 comunidades el acceso a sus tierras agrícolas. Hay un proyecto de ley de anexión de 29 asentamientos cercanos a Jerusalén Oriental. Si se produjera el fin de la operación armada israelí y se revirtiera la ocupación israelí en Cisjordania, el Banco Mundial, la Unión Europea y las Naciones Unidas estiman que se necesitarían 53.000 millones de dólares durante los primeros diez años para rehabilitar las infraestructuras físicas y sociales, restablecer los servicios y lograr que los trabajadores volvieran a tener empleo.

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